Bibliographie sélective OHADA

El presente artículo analiza la responsabilidad legal derivada del uso de contratos inteligentes (smart contracts) desde la óptica del Derecho Civil y Comercial. Estos instrumentos digitales, basados en tecnología blockchain, están transformando la manera en que se celebran, ejecutan y supervisan los contratos. Sin embargo, su automatización y descentralización presentan nuevos retos jurídicos en relación con la voluntad contractual, la imputabilidad de las partes, la reparación de daños y la validez normativa. A partir del estudio doctrinal, normativo y comparado, se identifican las principales problemáticas relacionadas con su aplicación en jurisdicciones de tradición civilista, con especial énfasis en el caso ecuatoriano. Se proponen soluciones jurídicas que permitan armonizar la innovación tecnológica con los principios fundamentales del Derecho privado, asegurando la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los contratantes. Se exploran experiencias internacionales, especialmente en sistemas híbridos como el estadounidense y el brasileño, para evidenciar cómo distintos marcos normativos han reaccionado ante esta revolución contractual. El artículo ofrece una base conceptual y práctica para futuras reformas legales y una mejor comprensión jurídica de estos nuevos mecanismos de contratación.

El presente ensayo surge de la experiencia del ejercicio profesional de la abogacía en la que en el ámbito judicial, extrajudicial, donde se ha observado diferentes vicisitudes en el desarrollo y ejecución de procesos judiciales, generando de esta forma ineficiencia en la administración de justicia; para lo cual como alternativa viable surgen los métodos alternativos de solución de conflictos con la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación surgen en septiembre de 1997 como una opción ante la deficiente administración de Justicia.Sin embargo, esta ineficiencia procesal representa a su vez un obstáculo real para su ejercicio efectivo de derechos, especialmente obtener “justicia” para los ciudadanos que enfrentan demoras prolongadas y procedimientos burocráticos que terminan por vulnerar sus derechos. Uno de los objetivos del artículo es la de establecer las medidas efectivas que se pueden adoptar en instancia extrajudicial y elementos necesarios alcanzar la tan preciada “Justicia” siendo esta “la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde” (Ulpiano, 2015).

El arbitraje internacional ha emergido como una herramienta clave para la resolución de controversias en el comercio sostenible, ofreciendo un marco eficiente y flexible. Este estudio analiza el uso del arbitraje en casos relacionados con comercio y sostenibilidad, evaluando su efectividad en la promoción de prácticas comerciales responsables.

El crédito documentario. también denominado en la literatura jurídica como documentary letter of credit, es un medio de pago, un instrumento de financiación y una garantía. Es una operación bancaria cuyo origen se encuentra en el receptum argentarii del Derecho Romano Clásico. Su desarrollo ha sido paralelo a la evolución de la economía, el comercio y la banca. Desde el siglo XIX, el crédito documentario es una institución de gran importancia en el comercio internacional. Se define como todo acuerdo a través del cual, el ordenante (importador) se obliga frente al beneficiario (exportador) a solicitar la emisión de un crédito documentario a su entidad bancaria o financiera (banco emisor), la cual llevará a cabo el pago, aceptación o negociación del mismo a favor del beneficiario, siempre que éste presente al banco emisor (u otra entidad bancaria o financiera designada) una determinada documentación y dicha entidad bancaria o financiera preste su conformidad. Entre sus rasgos principales podemos resaltar la pluralidad de partes que intervienen en su operativa -inicialmente tripartita-, su naturaleza jurídica compleja o los principios rectores que lo rigen como son los principios de independencia y de estricto cumplimiento. Consecuencia de estas características, el crédito documentario es una figura que ha suscitado múltiples debates doctrinales y jurisprudenciales. La ausencia de Ley que lo regula en gran parte de los Ordenamientos Jurídicos del mundo también ha conllevado su difícil tratamiento. Sin embargo, gracias a la Cámara de Comercio Internacional de París, el crédito documentario es una figura regulada por las Reglas y Usos uniformes relativos a los créditos documentarios (actualmente RUU nº 600 de 2007). Además de ello, los trabajos de UNCITRAL y UNIDROIT han aportado grandes avances en lo que al comercio internacional se refiere y, con ello, a nuestra institución. La naturaleza jurídica de las RUU ha sido también discutida por la doctrina y jurisprudencia. Nueva Lex Mercatoria, usos y costumbres o cláusulas contractuales son algunas de las tesis vertidas. En lo referente a la naturaleza jurídica del crédito documentario, se puede afirmar que estamos ante una pluralidad negocial, lo que implica que el crédito documentario esté conformado por una diversidad de contratos independientes entre sí, pero con un objetivo común. Es necesario determinar la naturaleza jurídica de cada una de las relaciones que lo componen. Diferentes han sido las tesis vertidas sobre cada una de estas relaciones. Sin embargo, las posturas mayoritarias han podido calificar la relación entre importador y exportador (contrato subyacente que, en puridad, no forma parte de la operativa del crédito documentario), la relación entre ordenante y banco emisor (contrato de comisión), la relación entre el beneficiario y banco emisor (promesa unilateral) o la relación entre entidades bancarias o financieras con el banco emisor (contrato de comisión). No es posible, consecuentemente, determinar la naturaleza jurídica del crédito documentario como contrato unitario. Los documentos que ha de presentar el beneficiario para hacer efectivo su derecho de cobro, aceptación negociación del crédito documentario pueden ser los que expresa y voluntariamente dispongan las partes. Sin embargo, las RUU nº 600 establecen los más utilizados en el comercio internacional. Estos son la factura comercial, la póliza de seguro y los documentos de transporte, siendo el conocimiento de embarque el más habitual. El examen de los documentos se rige por los principios rectores dispuestos. En la actualidad, tanto la presentación como el examen de los documentos puede realizarse digitalmente. Aunque no pueda hablarse de un verdadero crédito documentario electrónico, los avances tecnológicos han ayudado a modernizar esta institución. Con ello, no solo se minimizan los altos costes, sino que lo dotan de una agilidad en su operativa muy necesaria en el comercio internacional.

El arbitraje comercial internacional enfrenta el desafío de integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data y el blockchain, sin comprometer sus principios fundamentales de confidencialidad y transparencia. Este artículo analiza, a partir de una revisión documental y comparativa, cómo el uso de estas tecnologías im-pacta la gestión de casos, el análisis predictivo y la ejecución de laudos, al tiempo que mejora la eficiencia y accesibilidad del arbitraje, pero también genera riesgos en materia de privacidad, ciberseguridad y protección de datos sensibles. Asimismo, se analizan los enfoques regulatorios adoptados en distintas jurisdicciones, incluyendo el Reglamento de la Unión Europea, el modelo flexible de Estados Unidos y las iniciativas tecnológi-cas de países asiáticos como China y Hong Kong. La investigación concluye que, para equilibrar la innovación y la protección de la información, es indispensable implementar protocolos globales y estándares éticos que garanticen un arbitraje confiable y seguro en entornos digitales. International commercial arbitration faces the challenge of integrating technologies such as artificial intelligence, Big Data, and blockchain, without undermining confidentiality and transparency. This article examines how these tools impact case management, predictive analysis, and the enforcement of awards, improving efficiency while also raising concerns about privacy and cybersecurity. Regulatory approaches are explored, from the European Union’s framework to the more flexible model of the United States and technological initiatives in Asia. The research concludes that it is essential to establish global and ethical standards to ensure a secure and reliable arbitration process in the digital era.

Este artículo responde a la propuesta académica del Departamento de Derecho de la Uni-versidad Iberoamericana en conmemoración del 10.° aniversario de las normas de trans-parencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y complementa la actividad académica realizada por la Universidad Iberoamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), con el apoyo de la Secre-taría de la CNUDMI, en el marco del UNCITRAL LAC DAYS- México 2024. Durante esta actividad se organizaron tres mesas de debate integradas por desta-cados miembros de la comunidad arbitral, de la sociedad civil y del sector privado. La temática de estudio brindó desde México una visión sobre la confidencialidad vs. la transparencia, así como los avances y los retos de la transparencia en el arbitraje inter-nacional.

From an approach to the concepts of transparency, confidentiality, and privacy, this article examines the tension that may arise between these principles in international commercial arbitration. It also analyzes how arbitration rules address confidentiality and transparency, questioning whether a balance between the two has been achieved. Additionally, it reflects on the impact of public interest in promoting transparency in arbitral proceedings, considering whether the measures adopted are compatible with this type of arbitration. Desde un acercamiento a las nociones de transparencia, confidencialidad y privacidad, en este artículo se valora la tensión que puede existir entre dichos conceptos en el arbi-traje comercial internacional. Asimismo, se alude a algunos reglamentos de arbitraje que abordan la confidencialidad y la transparencia, parar mostrar si se alcanza un equilibrio entre los principios analizados. Además, se llama a reflexionar sobre el impacto del inte-rés público en la búsqueda de la transparencia en los procesos arbitrales, con la finalidad de abrir el debate sobre la compatibilidad de las medidas que se han adoptado en este rubro en el arbitraje comercial.

El estudio de la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario tuvo como objetivo analizar la incidencia de la seguridad jurídica en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario como garantía de los procesos judiciales. Para lo cual, se utilizó una investigación de tipo desriptiva y de campo, con un enfoque mixto y el método hermenéutico; para la recopilación de información primaria se aplicó una encuesta y entrevista a los juristas en libre ejercicio de su profesión. Se obtuvo que que todas las personas tienen derecho al debido proceso, el cual está ligado estrechamente al derecho a la seguridad jurídica ya que, este segundo implica el conocimiento y certeza del derecho positivo, la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y en el orden jurídico y la existencia de mecanismos jurídicos frente a las afectaciones que pudieren existir. Se concluyó que la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es esencial para mantener la confianza en el sistema legal y para proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en cualquier procedimiento legal, ya sea voluntario, sumario u ordinario.

La mediación y el arbitraje en línea han surgido como soluciones eficaces para la resolución de conflictos en un mundo digitalizado, ofreciendo ventajas como reducción de costos, accesibilidad y flexibilidad horaria. Sin embargo, enfrentan desafíos como la brecha digital y la seguridad de la información. Un estudio basado en encuestas a profesionales y usuarios confirma la utilidad de estas herramientas, pero subraya la necesidad de mejorar la infraestructura tecnológica y establecer marcos regulatorios claros. A pesar de los obstáculos, estos métodos representan una evolución significativa en la gestión de disputas legales.

El artículo analiza cómo el crecimiento del comercio internacional ha resaltado la necesidad de marcos jurídicos armonizados para regular relaciones contractuales de carácter internacional. Los Restatements Internacionales han surgido como una herramienta clave para consolidar principios jurídicos comunes. Además, el estudio revisa los esfuerzos de organismos globales y regionales como UNIDROIT y OHADAC, así como iniciativas académicas como los Principios LANDO y los Principios de Derecho Contractual Asiático. The article analyzes how the growth of international trade has highlighted the need for harmonized legal frameworks to regulate international contractual relations. International Restatements have emerged as a key tool for consolidating common legal principles. Additionally, the study reviews the efforts of global and regional organizations such as UNIDROIT and OHADAC, as well as academic initiatives like the LANDO Principles and the Asian Contract Law Principles.

El comercio electrónico es una nueva forma de comercio en auge, constituida por transacciones comerciales que se llevan a cabo por medio de Internet. En este sentido, el contrato electrónico es un acuerdo de voluntad que se establece mediante el uso de herramientas electrónicas en donde las partes se comprometen a cumplir lo que se establezca, conservando las características básicas del contrato tradicional y su contenido surte efecto legal. Ahora bien, el conjunto de leyes regulatorias es fundamental  para garantizar la transparencia y la seguridad en las transacciones electrónicas, lo cual genera confianza entre las partes involucradas en las actividades de comercio electrónico. En consecuencia, y dada la importancia de la legislación en esta materia, el propósito de la presente investigación es plasmar las generalidades del sistema contractual del comercio electrónico en el Ecuador, específicamente su marco legal. El enfoque metodológico de la investigación es una revisión bibliográfico – documental. Las bases legales internacionales para el desarrollo de la normativa contractual en materia de comercio electrónico en Ecuador, tiene base en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y el conjunto de textos legislativos emanados de este ente. Especialmente la Ley Modelo, la cual tiene el propósito de colaborar con los Estados en la reforma y modernización de sus leyes acerca del procedimiento arbitral. Igualmente, estas normas especiales se complementan con normas comunes a los contratos con fundamentos tradicionales en la incursión de esta nueva forma de expresar la voluntad de las partes, tales como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y, más recientemente, la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.

La esperanza de vida en nuestro país es una de las más altas del mundo. Se estima que en treinta años la tasa de dependencia de personas mayores con necesidades de cuidados en la UE alcanzará el sesenta por ciento.Este estudio aborda las cuestiones jurídico-tributarias que plantean las "plataformas digitales de cuidados" que operan en el ámbito nacional y que tienen por destinatarios a los mayores dependientes.Estas fórmulas empresariales, además del potencial que tienen para la generación de empleo y la innovación, contribuyen a mejorar la calidad del envejecimiento, pues la oferta de servicios (cuidados de larga duración, por períodos cortos o por horas) se adapta con mayor flexibilidad a las necesidades individuales de los mayores, preservando su independencia y autonomía en todo el ciclo de la vejez. Unos cuidados que han de ser de calidad, asequibles y accesibles.Interesa, por tanto, adentrarse en los aspectos más significativos de lo que podría ser una fiscalidad de plataformas, focalizada en aquellas que actúan como intermediarias conectando a vendedores o prestadores de servicios con usuarios, y que comprende medidas concretas en el IS y el IVA, así como nuevas obligaciones de suministro de información (DAC 7). En esta categoría de plataformas se reconocen la mayoría de las que operan en el ámbito de los cuidados. Y, puesto que se trata de un sector empresarial en crecimiento, presenta especial interés conocer en qué medida se pueden aprovechar las medidas fiscales introducidas para el fomento de las empresas emergentes (startups), así como para la atracción de inversión privada y la captación de talento extranjero.

El transporte multimodal ha sido un recurso comercial ampliamente utilizado por los países para facilitar el intercambio de productos. Este estudio se enfocó en analizar la aplicación práctica del régimen jurídico del contrato de transporte multimodal internacional de mercancías, y considerar su importancia frente a los desafíos relacionados con la globalización económica y política. A pesar de los esfuerzos por establecer una regulación uniforme en los mercados internacionales, dicho régimen aún no satisface completamente las necesidades de los participantes en estas transacciones, por lo que debilita las tendencias sociológicas a la interconexión, proyevendo de debilidades adicionales a los subsistemas nacionales. Organismos internacionales como MERCOSUR, la CAM, la ALADI, el SICA, la OEA, las Naciones Unidas (a través de su Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la UNCITRAL han trabajado en la formulación de soluciones para las principales controversias surgidas en este proceso. Sin embargo, esto ha resultado en un régimen jurídico incompleto, fragmentado y poco eficaz, que favorece principalmente a los países miembros de estos organismos internacionales emisores de regulaciones. Además, estas soluciones no siempre pueden extrapolarse como reglas generales o como soluciones efectivas para las consecuencias derivadas del incumplimiento de las cláusulas contractuales. Multimodal transportation has been a widely used commercial resource by countries to facilitate the exchange of goods. This study focused on analyzing the challenges related to the practical application of the legal framework of the international multimodal transport contract. Despite efforts to establish uniform regulation in international markets, this framework still does not fully meet the needs of participants in these transactions, therefore, it weakens social tendencies towards interconnection, providing additional weaknesses to national subsystems. International organizations such as MERCOSUR, CAM, ALADI, SICA, OAS, the United Nations (through its Economic Commission for Latin America and the Caribbean), and UNCITRAL have worked on formulating solutions to the main controversies that have arisen in this process. However, this has resulted in an incomplete, fragmented, and inefficient legal framework, which primarily benefits the member countries of these international organizations issuing regulations. Additionally, these solutions cannot always be extrapolated as general rules or effective solutions for the consequences of non-compliance with contractual clauses.

La declaración de concurso de una empresa no solo va a afectar al deudor concursado, pues tal calificación también tiene un efecto directo sobre los trabajadores. Sobre todo, si en el seno de un procedimiento concursal, para salvar la continuidad de la actividad empresarial, se decide adoptar alguna medida de reestructuración, tal y como pueden ser las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las decisiones que sobre cualquier de éstas se tomen pueden dar lugar a conflictos que tienen que solucionarse mientras el proceso judicial sigue su curso. Por ello, el legislador ha incorporado la mediación y el arbitraje en la norma mercantil como vías de solución extrajudicial de tales conflictos. Se trata de una fórmula jurídica no exenta de interrogantes, relacionados en este caso con aspectos como, la norma aplicable a tales mecanismos de solución extrajudicial, la incorporación de la solución al auto o el modo en el que impugnar el acuerdo o el laudo en materia laboral. The declaration of insolvency of a company will not only affect the insolvent debtor, as such a classification also has a direct effect on the employees. Particularly if, within the context of an insolvency procedure, in order to save the continuity of the business activity, it is decided to adopt any restructuring measure, such as substantial modifications to working conditions, relocation, dismissal, suspension of contracts or reduction of working hours for economic, technical, organisational or production reasons. The decisions taken on any of these may give rise to conflicts that have to be resolved while the judicial process is still underway. For this reason, the legislator has incorporated mediation and arbitration into commercial law as a means of extrajudicial settlement of such disputes. This is a legal formula that is not free of questions, related in this case to aspects such as the rule applicable to such out-of-court settlement mechanisms, the incorporation of the solution into the or-der or the way in which to challenge the agreement or award in labour matters.

En esta Tesis Doctoral se analiza la causa legal de exclusión del socio que, al propio tiempo, es administrador de una sociedad limitada, consistente en la vulneración de la prohibición de competencia. El instrumento de la exclusión del socio tiene una importancia práctica como mecanismo de tutela de la mayoría del capital social en una entidad capitalista contra aquellos socios que puedan menoscabar la paz social o, de alguna forma, comprometer el desarrollo de la actividad común programada. En concreto, el motivo legal de salida involuntaria sobre el que nos centramos es el atinente a la infracción de la interdicción de competencia que recae sobre dicho sujeto que además de socio es gestor del ente social. A este respecto, la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en su artículo 350, regula esta causa legal de expulsión de un modo muy parco. No obstante, en los últimos tiempos no debe menospreciarse el interés casacional que presenta en la actualidad esta herramienta de la que puede servirse la sociedad en cuestión para provocar la salida de aquellos socios que hayan perdido su affectio respecto de la primera. Es el artículo 229.1.f) LSC el que conmina al administrador a abstenerse de llevar a cabo actividades por cuenta propia o ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente o estructural con los intereses de dicha entidad. De esta manera, en esta investigación se estudia de un modo profuso la prohibición de concurrencia recayente sobre el administrador, ya que es necesario comprender hasta dónde puede llegar dicho gestor que, al propio tiempo, es socio, en su discurrir competitivo. En definitiva, esta infracción fundamenta el recurso por parte de la sociedad a la baja involuntaria del socio en cuestión. En este sentido, la actividad competitiva no se erige en origen único de los conflictos estables de interés en que puede verse envuelto el administrador social. En cualquier caso, la quiebra del deber de lealtad a que da lugar la violación de la prohibición de competencia no acarrea que dicha conducta deba calificarse como acto de competencia desleal. Nuestro trabajo limita su alcance a la decisión social de salida forzosa del socio administrador competidor, sin ignorar que, en determinados supuestos, el acuerdo de exclusión precisa de una resolución judicial firme (cuando se ostente, al menos, el 25% del capital social).

La presente tesis doctoral pretende avanzar en el conocimiento sobre las cláusulas sobre seguro insertas en los contratos de utilización del buque, así como las consecuencias que su inclusión está llamada a tener sobre las relaciones entre las partes de tales contratos, particularmente, en materia de responsabilidad; sobre las que se produzcan entre dichas partes y el o los aseguradores, tanto del casco y la maquinaria como de la responsabilidad civil frente a terceros; y sobre el derecho del asegurador que haya satisfecho una indemnización a subrogarse en las acciones que pudieran asistir a su asegurado frente a las demás partes involucradas en el entramado contractual y frente a terceros ajenos a él. The aim of this thesis is to gain a deeper understanding of the insurance clauses included in contracts for the use of the vessel, as well as the consequences that their inclusion is bound to have on the relationships between the parties to these contracts, particularly in terms of liability; on those between these parties and the insurer(s), both of the vessel and of third party liability; and on the right of the insurer that has paid an indemnity to be subrogated in actions that could assist its insured towards other parties involved in the contractual framework and towards external third parties.