Bibliographie sélective OHADA

El comercio electrónico es una nueva forma de comercio en auge, constituida por transacciones comerciales que se llevan a cabo por medio de Internet. En este sentido, el contrato electrónico es un acuerdo de voluntad que se establece mediante el uso de herramientas electrónicas en donde las partes se comprometen a cumplir lo que se establezca, conservando las características básicas del contrato tradicional y su contenido surte efecto legal. Ahora bien, el conjunto de leyes regulatorias es fundamental  para garantizar la transparencia y la seguridad en las transacciones electrónicas, lo cual genera confianza entre las partes involucradas en las actividades de comercio electrónico. En consecuencia, y dada la importancia de la legislación en esta materia, el propósito de la presente investigación es plasmar las generalidades del sistema contractual del comercio electrónico en el Ecuador, específicamente su marco legal. El enfoque metodológico de la investigación es una revisión bibliográfico – documental. Las bases legales internacionales para el desarrollo de la normativa contractual en materia de comercio electrónico en Ecuador, tiene base en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y el conjunto de textos legislativos emanados de este ente. Especialmente la Ley Modelo, la cual tiene el propósito de colaborar con los Estados en la reforma y modernización de sus leyes acerca del procedimiento arbitral. Igualmente, estas normas especiales se complementan con normas comunes a los contratos con fundamentos tradicionales en la incursión de esta nueva forma de expresar la voluntad de las partes, tales como la Constitución de la República del Ecuador, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y, más recientemente, la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual.

La esperanza de vida en nuestro país es una de las más altas del mundo. Se estima que en treinta años la tasa de dependencia de personas mayores con necesidades de cuidados en la UE alcanzará el sesenta por ciento.Este estudio aborda las cuestiones jurídico-tributarias que plantean las "plataformas digitales de cuidados" que operan en el ámbito nacional y que tienen por destinatarios a los mayores dependientes.Estas fórmulas empresariales, además del potencial que tienen para la generación de empleo y la innovación, contribuyen a mejorar la calidad del envejecimiento, pues la oferta de servicios (cuidados de larga duración, por períodos cortos o por horas) se adapta con mayor flexibilidad a las necesidades individuales de los mayores, preservando su independencia y autonomía en todo el ciclo de la vejez. Unos cuidados que han de ser de calidad, asequibles y accesibles.Interesa, por tanto, adentrarse en los aspectos más significativos de lo que podría ser una fiscalidad de plataformas, focalizada en aquellas que actúan como intermediarias conectando a vendedores o prestadores de servicios con usuarios, y que comprende medidas concretas en el IS y el IVA, así como nuevas obligaciones de suministro de información (DAC 7). En esta categoría de plataformas se reconocen la mayoría de las que operan en el ámbito de los cuidados. Y, puesto que se trata de un sector empresarial en crecimiento, presenta especial interés conocer en qué medida se pueden aprovechar las medidas fiscales introducidas para el fomento de las empresas emergentes (startups), así como para la atracción de inversión privada y la captación de talento extranjero.

El transporte multimodal ha sido un recurso comercial ampliamente utilizado por los países para facilitar el intercambio de productos. Este estudio se enfocó en analizar la aplicación práctica del régimen jurídico del contrato de transporte multimodal internacional de mercancías, y considerar su importancia frente a los desafíos relacionados con la globalización económica y política. A pesar de los esfuerzos por establecer una regulación uniforme en los mercados internacionales, dicho régimen aún no satisface completamente las necesidades de los participantes en estas transacciones, por lo que debilita las tendencias sociológicas a la interconexión, proyevendo de debilidades adicionales a los subsistemas nacionales. Organismos internacionales como MERCOSUR, la CAM, la ALADI, el SICA, la OEA, las Naciones Unidas (a través de su Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la UNCITRAL han trabajado en la formulación de soluciones para las principales controversias surgidas en este proceso. Sin embargo, esto ha resultado en un régimen jurídico incompleto, fragmentado y poco eficaz, que favorece principalmente a los países miembros de estos organismos internacionales emisores de regulaciones. Además, estas soluciones no siempre pueden extrapolarse como reglas generales o como soluciones efectivas para las consecuencias derivadas del incumplimiento de las cláusulas contractuales. Multimodal transportation has been a widely used commercial resource by countries to facilitate the exchange of goods. This study focused on analyzing the challenges related to the practical application of the legal framework of the international multimodal transport contract. Despite efforts to establish uniform regulation in international markets, this framework still does not fully meet the needs of participants in these transactions, therefore, it weakens social tendencies towards interconnection, providing additional weaknesses to national subsystems. International organizations such as MERCOSUR, CAM, ALADI, SICA, OAS, the United Nations (through its Economic Commission for Latin America and the Caribbean), and UNCITRAL have worked on formulating solutions to the main controversies that have arisen in this process. However, this has resulted in an incomplete, fragmented, and inefficient legal framework, which primarily benefits the member countries of these international organizations issuing regulations. Additionally, these solutions cannot always be extrapolated as general rules or effective solutions for the consequences of non-compliance with contractual clauses.