Bibliographie sélective OHADA

El crédito documentario. también denominado en la literatura jurídica como documentary letter of credit, es un medio de pago, un instrumento de financiación y una garantía. Es una operación bancaria cuyo origen se encuentra en el receptum argentarii del Derecho Romano Clásico. Su desarrollo ha sido paralelo a la evolución de la economía, el comercio y la banca. Desde el siglo XIX, el crédito documentario es una institución de gran importancia en el comercio internacional. Se define como todo acuerdo a través del cual, el ordenante (importador) se obliga frente al beneficiario (exportador) a solicitar la emisión de un crédito documentario a su entidad bancaria o financiera (banco emisor), la cual llevará a cabo el pago, aceptación o negociación del mismo a favor del beneficiario, siempre que éste presente al banco emisor (u otra entidad bancaria o financiera designada) una determinada documentación y dicha entidad bancaria o financiera preste su conformidad. Entre sus rasgos principales podemos resaltar la pluralidad de partes que intervienen en su operativa -inicialmente tripartita-, su naturaleza jurídica compleja o los principios rectores que lo rigen como son los principios de independencia y de estricto cumplimiento. Consecuencia de estas características, el crédito documentario es una figura que ha suscitado múltiples debates doctrinales y jurisprudenciales. La ausencia de Ley que lo regula en gran parte de los Ordenamientos Jurídicos del mundo también ha conllevado su difícil tratamiento. Sin embargo, gracias a la Cámara de Comercio Internacional de París, el crédito documentario es una figura regulada por las Reglas y Usos uniformes relativos a los créditos documentarios (actualmente RUU nº 600 de 2007). Además de ello, los trabajos de UNCITRAL y UNIDROIT han aportado grandes avances en lo que al comercio internacional se refiere y, con ello, a nuestra institución. La naturaleza jurídica de las RUU ha sido también discutida por la doctrina y jurisprudencia. Nueva Lex Mercatoria, usos y costumbres o cláusulas contractuales son algunas de las tesis vertidas. En lo referente a la naturaleza jurídica del crédito documentario, se puede afirmar que estamos ante una pluralidad negocial, lo que implica que el crédito documentario esté conformado por una diversidad de contratos independientes entre sí, pero con un objetivo común. Es necesario determinar la naturaleza jurídica de cada una de las relaciones que lo componen. Diferentes han sido las tesis vertidas sobre cada una de estas relaciones. Sin embargo, las posturas mayoritarias han podido calificar la relación entre importador y exportador (contrato subyacente que, en puridad, no forma parte de la operativa del crédito documentario), la relación entre ordenante y banco emisor (contrato de comisión), la relación entre el beneficiario y banco emisor (promesa unilateral) o la relación entre entidades bancarias o financieras con el banco emisor (contrato de comisión). No es posible, consecuentemente, determinar la naturaleza jurídica del crédito documentario como contrato unitario. Los documentos que ha de presentar el beneficiario para hacer efectivo su derecho de cobro, aceptación negociación del crédito documentario pueden ser los que expresa y voluntariamente dispongan las partes. Sin embargo, las RUU nº 600 establecen los más utilizados en el comercio internacional. Estos son la factura comercial, la póliza de seguro y los documentos de transporte, siendo el conocimiento de embarque el más habitual. El examen de los documentos se rige por los principios rectores dispuestos. En la actualidad, tanto la presentación como el examen de los documentos puede realizarse digitalmente. Aunque no pueda hablarse de un verdadero crédito documentario electrónico, los avances tecnológicos han ayudado a modernizar esta institución. Con ello, no solo se minimizan los altos costes, sino que lo dotan de una agilidad en su operativa muy necesaria en el comercio internacional.

Pendant très longtemps, le statut de commerçant sur le domaine public n’avait pas profondément évolué. La raison principale est qu’il y avait une antinomie entre le régime de la domanialité publique et les règles protectrices qui fondent le statut de commerçant en droit commercial. Par conséquent, ce régime faisait obstacle à toutes les évolutions. De par son effet, le commerçant ne pouvait par exemple pas exploiter son fonds de commerce sur le domaine public, ni non plus bénéficier de la législation sur les baux commerciaux. Aussi, en cas de faillite, les règles dérogatoires issues des procédures collectives dont bénéficient le commerçant sont altérées par ledit régime. De surcroît, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui garantie l’activité commerciale est mise à mal par les restrictions du commerce non-sédentaire sur le domaine public.Constatant que cette situation constitue une insécurité juridique pour le commerçant sur le domaine public, le législateur a réagit par la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, dite Loi Pinel, en autorisant le fonds de commerce sur le domaine public. Si cette évolution législative permet a priori de sécuriser les droits du commerçant sur le domaine public, il faudra en même temps retenir qu’elle est insuffisante, au regard des difficultés rencontrées par le commerçant sur le domaine public. L’ambition de cette thèse, est de contribuer à l’aboutissement des évolutions déjà amorcées par le législateur, en proposant l’extension des droits du commerçant en vue de parfaire le processus de valorisation économique du domaine public.

يعد موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية من المواضيع القديمة الحديثة بتطورها من حيث آليات معالجتها وإنشائها والوفاء بها إلكترونيا، لذلك لا يمكن ا عتبارها من ضمن وسائل الوفاء الحديثة في المجال التجاري والمصرفي، وإنما طورت بتطور تقنيات الكتابة والتوقيع، وطورت كذلك إستجابة لمحاكاة الرقمنة مختلف القطاعات التجارية والمصرفية. لذا تهدف دراسة موضوع الأوراق التجارية الإلكترونية إلى الوقوف عن مدى استجابة التشريعات الدولية والوطنية لمتطلبات الرقمنة، ووضع تنظيم قانوني تبرز من خلاله الخصوصية الإلكترونية في الأوراق التجارية من جهة، دون المساس بالوظائف الأساسية أو المبادئ التي يرتكز عليها قانون الصرف وإمكانية توافق أحكام قانون الصرف التقليدية مع رقمنة الأوراق التجارية وقابليتها للتطبيق عليها من جهة أخرى مع إلزامية البحث عن الأطر الحمائية التشريعية المنتهجة للأوراق التجارية الإلكترونية، دوليا ووطنيا مدنيا وفنيا وجنائيا بما يكفل التعامل ا لآمن بها The subject of electronic commercial papers is considered one of the old and modern topics in terms of its development in terms of mechanisms for processing creating, and fulfilling it electronically. Therefore, it cannot be considered among the modern means of fulfillment in the banking field. Rather, it was developed with the development of writing and signing techniques, and it was also developed in response to the simulation of digitization in various commercial and banking sectors. Therefore, the study of the issue of electronic commercial papers aims to determine the extent to which international and national legislation responds to the requirements of digitization, and to develop a legal regulation through which electronic privacy in commercial papers is highlighted on the one hand, without prejudice to the basic functions or principles on which the exchange law is based and the possibility of compatibility of the provisions of the traditional exchange law with The digitization of commercial papers and their applicability to them, on the other hand, along with the obligation to search for the legislative protective policy adopted for electronic commercial papers, internationally and nationally civilly, technically, and criminally, in a way that ensures safe dealing with them

El estudio de los Dispute Boards (DB) y su función social reflejada a través de la prevención y resolución de conflictos empresariales en contratos complejos es el tema central de este estudio. El problema de investigación planteado, en este contexto, es si los Dispute Boards son institutos capaces de desempeñar una función social basada en la prevención y resolución de conflictos en contratos mercantiles complejos. Así, el tema se desarrolla con base en el método dialéctico de la producción científica, apoyado en investigaciones bibliográficas y documentales, además de investigaciones de campo, con encuestas cuantitativas y cualitativas sobre el uso de los DBs. Para ello, el estudio busca contextualizar los conceptos que involucran al mercado, la empresa y la función social como factores que permean contratos comerciales complejos, caracterizados por incertidumbres y riesgos relacionados con la ejecución contractual que deben ser gestionados a través de la implementación de una gobernanza guiada. por principios que implementen la eficiencia de la relación comercial. La referencia a estándares internos en el ámbito de la administración pública también se utiliza para guiar el estudio, que también se abarca en la aplicación del gobierno corporativo, identificando los DBs como vectores para implementar contratos complejos y, en consecuencia, promover y entregar valor sostenible a las empresas. y otras partes interesadas, concluyendo que son mecanismos relevantes para promover la función social, prevenir y resolver conflictos, especialmente en contratos complejos. De la misma manera, se identifica la necesidad de potenciar el instituto DB, atribuyendo personalidad jurídica, además de la contractual, a sus decisiones, con el fin de potenciar su propia función social basada en la seguridad jurídica de los dictámenes deliberantes vinculantes emitidos, presentando, al final, una propuesta de proyecto de ley con el objetivo de iniciar el proceso legislativo para implementar esta realidad jurídica, siguiendo el ejemplo del instituto de arbitraje.

الملخص يحظى مجال الصفقات العمومية بأهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعود هذه الأهمية لاعتبار الصفقة العمومية الطريق القانوني الذي تستخدمه الدولة ومختلف المتعاملين من أجل انجاز المشاريع بجودة عالية بأقل التكاليف وآجال مدروسة، وكون تمويل الصفقات العمومية يعود للخزينة العامة للدولة وجب توفير الحماية القانونية لهذه العملية عن طريق إيجاد تنظيم قانوني خاص بها يحقق المصلحة العامة ويحترم الحرية الاقتصادية في ذات الوقت، وهو ما جسده المشرع الجزائري عمليا بإصدار المرسوم الرئاسي 15-247 الذي عرف عدة تعديلات سابقة ومواكبة لمتطلبات كل مرحلة، فالقول بالصفقة العمومية يحيل بالضرورة إلى أشخاص القانون العام أي الدولة والمؤسسات التابعة لها والقول بغير ذلك نوع من التضاد. لكن المشرع ألزم أشخاص القانون الخاص الخاضعين للتشريع التجاري بتطبيق أحكام التنظيم الصفقات العمومية في حالات محددة وهي التمويل الكلي أو الجزئي للصفقة من الخزينة العمومية (الدولة أو الجماعات الإقليمية) ما يخلق اشكال أي قانون يطبق في حالة النزاع وبالنتيجة أي هرم قضائي هو المختص في البت في منازعة أحد أطرافها أشخاص القانون الخاص ،وكذا حالات التمويل وتجسيدها عمليا، اضافة إلى دور الوسائل الودية المنصوص عليها في كل من تنظيم الصفقات العمومية أو قانون الإجراءات المدنية في حل المنازعات وتجسيد المشاريع واقعيا. Résumé Le domaine des marchés publics occupe une grande place dans l’économie nationale ; cela est dû au fait qu’un marché public est considéré comme la voie légale utilisée par l’État et les différents partenaires pour réaliser des projets au moindre coût et dans des délais raisonnés. Comme le financement des marchés publics relève du Trésor public, l’état est tenu d’assurer la protection juridique de ce processus en créant sa propre organisation juridique dans l’intérêt public tout en respectant la liberté économique, c’est ce que le législateur algérien a matérialisé, dans la pratique, par la promulgation du décret présidentiel n°15-274 qui a connu plusieurs modifications aux fins de de répondre aux exigences de chaque étape. Dire « Marché Public » renvoie nécessairement aux entités du droit commun, à savoir, l’état et ses institutions et affirmer les choses autrement serait une forme de contradiction. Toutefois, le législateur a engagé les entités du droit privé soumis à la législation commerciale dans l’application des dispositions de la réglementation des marchés publics dans un cas spécifique, à savoir, le financement total ou partiel du marché à partir du trésor public (États et/ou collectivités territoriales) ; de cela est issue une loi applicable en cas de conflit, avec pour conséquence, toute pyramide judiciaire compétente pour statuer sur un litige relevant en partie du droit privé, dans les cas de leur financement et matérialisation pratique, ainsi que lorsqu’il s’agit du rôle des moyens de règlement à l’amiable prévus aussi bien par la réglementation des marchés publics que par le Code de procédure civile dans la résolution des litiges et la réalisation concrète des projets. Abstract The field of public procurement occupies a major place in the national economy; this is due to the fact that a public procurement is considered to be the legal way used by the State and the various partners to carry out projects at the lowest cost and within reasonable deadlines. As the financing of public procurement is the responsibility of the Treasury, the State is required to ensure the legal protection of this process by creating its own legal organization in the public interest while respecting economic freedom, this is what the Algerian legislator materialized, in practice, by the promulgation of presidential decree No. 15-274 which has undergone several modifications in order to meet the requirements of each stage. To say "Public Procurement" necessarily refers to the entities of common law, namely, the state and its institutions and to affirm things otherwise would be a form of contradiction. However, the legislator has committed the private law entities subject to commercial law to apply the provisions of the public procurement regulation in a specific case, namely, the total or partial financing of the contract from the public treasury (States and/or territorial authorities); from this comes a law applicable in case of conflict, with the consequence, any judicial pyramid competent to rule on a dispute falling partly under private law, in cases of their financing and practical materialization, and when it concerns the role of the means of amicable settlement provided for by the regulation of public contracts as well as by the Code of Civil Procedure in the resolution of disputes and the concrete implementation of projects.

Le droit de la preuve comprend l'ensemble des règles qui encadrent la preuve en justice, c'est-à-dire l'opération visant à faire reconnaître par un juge la véracité d'une allégation contestée. Si l'histoire du droit montre que l'existence de ce corpus est intemporelle, elle révèle aussi que son contenu a toujours été soumis à l'influence de divers facteurs et, en particulier, à celle du progrès technique. Aussi, quantité de modifications ont été apportées aux règles de preuve à partir des années 1970 en réaction à l'essor des techniques numériques dans la société. C'est à l'analyse de cette évolution que s'emploie la présente étude, en se bornant toutefois à celle qu'a connue la règlementation applicable au contentieux privé.Dans une première partie consacrée aux dispositions qui régissent généralement la preuve d'un acte juridique, il est démontré que les interventions législatives successivement entreprises depuis l'an 2000 pour assimiler le document numérique à une preuve littérale n'ont pas été une œuvre d'adaptation mais bien de subversion. Habituellement qualifié de « système de preuve légale », cet ensemble de textes situés pour l'essentiel dans le Code civil tendait encore à la fin des années 1990 à diriger la décision du juge appelé à se prononcer sur l'existence ou le contenu d'un acte juridique. Tel n'est plus le cas du système institué par le législateur sous la pression du fait numérique, dans le cadre duquel le magistrat a insidieusement été laissé libre d'admettre et d'apprécier tous les éléments de preuve produits par les plaideurs, c'est-à-dire de juger conformément à son intime conviction ou à l'idée qu'il se fait de l'équité. Partant, la protection de la sécurité juridique des parties et la prévention de l'engorgement des tribunaux ne peuvent plus être invoquées pour justifier le système organisé par le Code civil comme elles l'étaient antérieurement. L'utilité de maintenir ce système apparaît dès lors douteuse.Dans une seconde partie dédiée aux dispositions qui régissent ordinairement la preuve d'un fait juridique et que l'on a coutume d'appeler « système de preuve morale », il est démontré que la généralisation des procédés numériques a eu deux répercussions significatives. La première a consisté en un renforcement de l'exigence de licéité de la preuve inscrite dans le Code de procédure civile, dont l'édification de la législation « Informatiques et Libertés » à partir de 1978 constitue l'une des manifestations les plus emblématiques. La seconde répercussion, qu'un examen rapproché de la jurisprudence permet de mettre en lumière, a consisté en une relativisation de la faculté du juge à apprécier les pièces qui lui sont soumises en observant le devoir de motivation que lui impose le Code de procédure civile.En synthèse, l'étude révèle donc que le fait numérique a engendré une transformation profonde du droit de la preuve. Elle contribue ce faisant à nourrir la réflexion sur les relations qu'entretient l'ordre juridique avec le fait technique et, donc, sur les rapports du Droit au fait.

L’objectif de cette entreprise est d'évaluer l'usage du droit souple comme moyen de régulation économique en France et en Tunisie. Sur le plan méthodologique, la présente recherche part du droit positif mais demeure ouverte sur d’autres disciplines voisines. Dans cette perspective il importe d’indiquer que la méthode retenue n’exclut pas le recours à des outils d’analyse relevant de la théorie du droit, des sciences administratives, de la sociologie, ou encore de l’analyse économique du droit qui pourraient expliquer certains choix des pouvoirs publics. Sur le fond, l'évaluation du droit souple renvoie à étudier dans un premier temps la consécration de ce procédé juridique en matière de régulation économique, puis dans un second temps, le contrôle exercé par les juges nationaux français et tunisien en la matière.Au fur et à mesure du développement de la présente étude, plusieurs problématiques sous-jacentes furent traitées à l'instar de la normativité des actes de droit souple, le régime contentieux de ces derniers, l'évolution du modèle de co-régulation économique et le développement économique (notamment pour le cas tunisien).

Les mesures d’embargo lorsqu’elles sont décidées unilatéralement par un État ou prises dans un cadre multilatéral par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ont pour but d’interrompre tout ou partie des relations avec l’État que l’on entend sanctionner. En tant que normes impératives, les mesures d’embargo s’imposent à tout opérateur du commerce international ainsi qu’aux juges et aux arbitres internationaux qui sont dans l’obligation de les appliquer dès lors qu’ils sont saisis d’un litige relatif à un contrat international ayant pour objet une matière à embargo. S’agissant des opérateurs du commerce international, ceux-ci se voient ainsi interdire de poursuivre l’exécution des contrats qui rentrent dans le champ d’application des lois d’embargo. De ce fait, au regard du droit civil, ces mesures peuvent constituer soit un cas de force majeure, soit une cause d’imprévision libérant le débiteur de ses obligations contractuelles si elles réunissent les conditions de la force majeure ou d’imprévision requises par le système juridique compétent au titre la lex contractus ou par la clause de la force majeure ou de hardship. S’agissant du sort des contrats en cours d’exécution, ces mesures de nature temporaire entraînent d’abord la suspension du contrat. Le contrat n’est résolu ou résilié que lorsque l’embargo affecte durablement l’exécution du contrat. Les mesures d’embargo constituent ainsi une source de perturbations de l’économie des relations contractuelles. Dès lors, les opérateurs économiques pour se prémunir contre les risques de l’embargo insèrent des clauses de sanction. Toutefois, les périmètres très mouvants des embargos font que des stratégies de conformité efficaces doivent être mises en place.

Incontestablement, notre siècle est celui de l'information mais aussi celui de la transparence. La plus grande fortune se trouve dans l'immatériel et non plus dans les biens immobiliers, comme c'était le cas au moment de la rédaction du code civil de 1804. Le monde se dématérialise, mais il devient aussi de plus en plus transparent. Ces deux aspects se manifestent davantage dans les rapports contractuels qui constituent un terrain privilégié d'échange d'informations confidentielles. Malgré son importance, l'information, en tant que telle, n'est pas encore couverte par notre droit civil de la propriété qui a une connotation matérielle. En outre, elle n'est encore pas complètement couverte par le droit de la propriété intellectuelle qui a ses critères de protection très exigeants. L'instrument principal de couverture de l'information reste la technique de secret qui, par effet du législateur, a connu un développement particulier ces dernières années. En droit positif, la confidentialité dans les rapports contractuels est garantie par divers instruments légaux de secret. Cependant, cette diversité des régimes légaux n'est pas synonyme d'efficacité de la protection. Les instruments conventionnels de confidentialité sont encore nécessaires et les plus efficaces

Cette thèse a vocation à révéler les différentes techniques qui concourent à rendre compte de l'applicabilité des normes transnationales sportives par les différents acteurs du sport camerounais. Ces normes transnationales sportives issues pour la plupart, d'organisations non gouvernementales sportives parviennent à organiser de nos jours de manière autosuffisante, le système sportif mondial. Ce droit transnational dont le respect est une condition indéniable pour que les fédérations sportives nationales soient reconnues par les Fédérations sportives internationales et partant, que les athlètes des pays puissent participer aux compétitions internationales ou même que ces pays puissent accueillir ce genre de compétitions, s'applique à des personnes physiques et morales et même sur des territoires qui relèvent normalement de la compétence d'Etats souverains. Le sport est donc de toute évidence marqué par une forme de pluralisme juridique structuré autour d'une interaction aussi bien complémentaire que potentiellement conflictuelle entre un ordre juridique sportif et un ordre juridique étatique. L'application par essence d'actes conformes et par nécessité d'actes compatibles, ne permet pas simplement de comprendre la manière dont un ordre juridique étatique appréhende les normes émanant d'institutions qui lui sont externes, mais bien plus, à démontrer comment cette application vient aujourd'hui ébranler le dogme positiviste qui fait de l'Etat la seule source de droit. La recherche n'aura pas ainsi simplement permis de mettre en évidence le diktat des FSI dans les pays en développement comme le Cameroun mais surtout, d'affirmer la prise en compte de l'existence de rapports de force entre les ordres juridiques. Finalement, l'application du droit transnational sportif dans l'ordre juridique étatique ne saurait faire l'objet d'une généralisation à l'ensemble des ordres juridiques car, c'est une application à géométrie variable qui tient compte de la « puissance » ou non des Etats en question.

La fiabilité des institutions étatiques, des normes juridiques qu'elles édictent ainsi que la sécurité juridique des transactions sont fondamentales pour une paix sociale au sein d'un Etat de droit. En particulier, toute personne impliquée dans une vente d’immeuble a grand intérêt à ce que l’acte soit rédigé et publié en toute sécurité. En première partie de la thèse, nous soutenons l’idée que cet objectif ne peut être atteint, tout d’abord, sans la conclusion d’un contrat valable, strictement contrôlé et efficace. Pour ce faire, le notariat latin que connait tant la France que le Maroc, constitue un moyen d'une efficacité inégalable. En effet, au regard de son caractère indépendant et impartial et du devoir de conseil qu’il doit aux parties, le notaire a vocation à tenir compte de tous les intérêts en présence. Il est tenu notamment d’effectuer un certain nombre de vérifications afin de s’assurer de l’absence de toutes manœuvres frauduleuses. De plus, le devoir de conseil du notaire commande que celui-ci assure l’efficacité juridique de l’acte, c’est-à-dire un acte dont les effets juridiques sont exactement conformes à la volonté des parties. L’intelligibilité de cette volonté est, en effet, indispensable à la sauvegarde d’une sécurité juridique que certaines lacunes de la loi fragilisent. De plus, l’acte authentique peut servir comme remède à tout manquement aux obligations contractuelles qui porterait atteinte son efficacité. Tout d’abord, sa force exécutoire en droit français représente pour les parties une garantie d’efficacité. L’adoption de ce principe en droit marocain constituerait incontestablement un gage de sécurité juridique en matière de vente d’immeuble. En outre, pour la poursuite de cet objectif d’efficacité, la qualité de l’encadrement législatif s’avère indispensable. En droit français comme en droit marocain, nous avons pu constater que les contrats les plus strictement encadrés sont les ventes d’immeuble à construire et les ventes d’immeuble existant. Cependant, pour ces contrats, tandis que le droit français est marqué par un phénomène d’inflation législative qui peut, in fine, mener à l’insécurité, un encadrement législatif renforcé est à préconiser en droit marocain notamment sur le plan de la protection du consentement de l’acquéreur. Par ailleurs, il a été souligné au cours de cette thèse qu’en France comme au Maroc, dès lors qu’un contrat se rapportant à une vente d’immeuble peut revêtir la forme sous seing privé, son encadrement et sa validité demeurent insuffisamment assurés. Il s’agit précisément des promesses de vente, des cessions de parts sociales de sociétés civiles immobilières, des actes d’avocat au Maroc et des ventes d’immeubles non immatriculés. Pour remédier à cela, en France comme au Maroc, la généralisation de l’authenticité obligatoire nous semble nécessaire au regard des garanties de sécurité juridique qu’offre l’acte authentique. Par ailleurs, dans le cadre des développements consacrés à la seconde partie de la thèse, nous soutenons l’idée que la sécurité de la publicité foncière conditionne directement et nécessairement la sécurité juridique de la vente d’immeuble. En effet, une fois l’acte de vente conclu, le rédacteur doit accomplir un certain nombre de formalités pour assurer au contrat une pleine effectivité. En France, la publicité foncière conditionne l’opposabilité de l’acte à l’égard des tiers, tandis qu’au Maroc, une formalité d’inscription sur le livre foncier est indispensable pour la reconnaissance de l’existence même du droit transféré. Ces deux États adoptent deux grands types de systèmes de publicité foncière dont la confrontation est classique, mais qui ont une même finalité : la sécurité du transfert des immeubles et des droits réels immobiliers. Il ne s’agit certainement pas d’indiquer si l’un doit prévaloir sur l’autre car, en fin de compte, les deux se valent lorsqu’ils assurent une publicité sécurisée, c’est-à-dire complète et fiable.

A presente tese de doutorado aborda a hipótese de segredo de negócio enquanto direito de propriedade industrial em sentido estrito. A introdução do trabalho versa sobre a relevância dossegredos de negócio na prática empresarial. Por sua vez, o Capítulo 1 é dedicado à disciplina jurídica dos segredos de negócio como atualmente firmada. Aborda, nesse sentido, as propostas de justificativa apresentadas para fundamentar a proteção jurídica conferida aos segredos de negócio. Em sequência, o Capítulo 2 do trabalho trata dos problemas observados em referidas propostas de justificativa da proteção a segredos negociais, demonstrando como as citadas propostas se mostram insuficientes e inadequadas para tanto. O Capítulo 2 também aborda como a insuficiência e inadequação das citadas propostas é prejudicial, pois gera insegurança jurídica. O Capítulo 3 apresenta a hipótese da tese, de justificativa de proteção aos segredos de negócio enquanto um direito de propriedade industrial em sentido estrito, equiparável, enquanto tal, a direitos de propriedade industrial já reconhecidos, como patentes, marcas e desenhos industriais. Para tanto, o Capítulo 3 aprofunda os conceitos de Direito de Propriedade Intelectual, de Propriedade Industrial, bem como as justificativas para a existência jurídica de direitos de Propriedade Industrial. Apresenta, ao final, a hipótese objeto da tese. Por fim, a conclusão traz considerações finais acerca do tema.

Groups of companies are a complex corporate structure, whose regulation can be problematic, especially when it comes to liability. Indeed, liability within corporate groups draws forth a series of issues principally due to the principles of separate corporate personality and limited liability. In the context of limited liability, which is based on the notion of separate legal personality, the main issue waxes the protection of the creditors, in particular the creditors of the subsidiaries. One can find three regulatory templates for handling corporate groups and their liability: policing via general company and/or civil law (such as the English model); policing via special group legislation (such as the German model); and policing via branches of law such as insolvency law, antitrust law, and contract law, among others (which is the case in numerous jurisdictions, either coupled with the first or the second model). Lifting the corporate veil has come as an answer to corporate separateness, by permitting to ignore the shareholders’ limited liability and hold them personally liable for the debts of their companies in specific circumstances. However, one can hardly find cases in which the corporate veil has been successfully lifted, due to many factors. Other important questions that are posed in the scope of corporate groups liability are the parent company’s liability for the payment of its daughter companies’ debts when insolvency strikes and other respects, besides the matter of group liability. Furthermore, liability is as well a key player in terms of tort law, and corporate social responsibility has therefore found a place in the sun in the present climate.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) 01.01.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. TİTRK'de de ticari işletme, üzerinde rehin kurulabilecek taşınır varlıklardan biri olarak düzenlenmiştir. Hukuki niteliği itibariyle taşınır olarak kabul edilmeyen ticari işletmenin, taşınır varlıkların rehninin düzenlendiği bir Kanun'da kapsamlıca düzenlenemediği ilk bakışta görülmektedir. Bu nedenle ticari işletme rehninin kuruluşu tez konusu olarak seçilmiştir. Çalışmamızda TİTRK ile yapılan değişiklikler ve yenilikler ticari işletme rehninin kuruluşu özelinde incelenmiştir. Bu kapsamda ticari işletme rehninin kuruluşu konusu, TİTRK ve ikincil mevzuat, yeri geldikçe mülga TİRK ve TİTRK'nin mehazı olduğunu düşündüğümüz Uncitral Secured Transactions Model Law ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Ticari işletme rehninin kuruluşu, ticaret hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukukunun ilgili düzenlemelerinin bir bütün olarak incelenmesini gerekli kıldığından yeri geldikçe, TTK, TMK ve TBK'nın ilgili düzenlemeleri, tez konumuz özelinde incelenmiştir. The Law Numbered 6750 "The Law On Pledge Over Movable Assets In Commercial Transactions (TITRK)", which is a regulation that allows not only commercial enterprises but also many movable assets to be pledged without delivery entered into force as of 01.01.2017. In TITRK, a commercial enterprise is regulated as one of the movable assets that can be pledged too. However, it can be seen at first glance that the commercial enterprise, which is not considered as movable due to its legal nature, cannot be comprehensively regulated in the Law that regulates the pledge of movable assets. For this reason, the establishment of the commercial enterprise pledge has been chosen as the thesis topic. In our study, the changes and innovations made with TITRK were examined in terms of the establishment of the commercial enterprise pledge. In this context, the establishment of the commercial enterprise pledge have been examined in comparison with TITRK, its secondary legislation, mulga TIRK and Uncitral Secured Transactions Model Law, which we think is the basis of TITRK. Since the establishment of the commercial enterprise pledge requires the examination of the relevant regulations of the commercial law, civil law and law of obligations as a whole, the relevant regulations of the Turkish Commercial Code, Turkish Civil Code and Turkish Code of Obligations have been examined specifically for our thesis topic. In this section the secured transactions arrangements in comparative law will be discussed too.

Le bail à usage professionnel est un contrat nommé de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Ce contrat est une figure apparentée au bail commercial dont il portait d'ailleurs le nom avant la réforme de 2010. Le bail commercial lui-même s'est historiquement détaché du contrat de louage des choses prévu dans le Code civil de 1804 pour répondre aux exigences des mutations sociales et économiques du premier quart du XXᵉ siècle en Europe. Le bail à usage professionnel se pose donc comme une forme d'arrangement contractuel entre une tradition assumée et une modernité voulue. C'est de cet arrangement qu'a surgi le besoin de s'interroger sur la logique qui le sous-tend pour découvrir s'il existe un objectif poursuivi par le législateur et s'il existe, dans quelle mesure l'ensemble de la règlementation et l'interprétation qu'en fait le juge sont cohérents avec l'objectif visé. Le postulat qui préside à cette étude c'est que les règles de droit ont une raison d'être et une histoire qui obéissent idéalement à la finalité impulsée par ceux qui les appellent à l'existence. Pour les fins d'une telle investigation, l'analyse économique du droit (AED) et le pragmatisme juridique ont permis de dégager un double objectif au bail à usage professionnel. Il correspond à la fois à un ratio legis, c'est-à-dire à la politique juridique du législateur et à un ratio juris, c'est-à-dire à une justice désirable inhérente à l'esprit du contrat. L'étude pose que l'un des objectifs poursuivis par le bail est la protection, non pas tant d'une partie faible ni même d'un fonds de commerce, mais de toute activité économique qu'abrite le local loué. Ce projet permet de rendre compte des règles qui régissent le bail comme des mécanismes de sécurisation de l'espace et du temps de jouissance donnés au locataire. À la lumière de cette finalité, il apparaît que la valorisation économique voulue est restée inachevée avec le traitement partial réservé à l'activité de l'entreprenant. Si le premier objectif du bail consiste en la protection de l'activité économique, le second concerne la protection des acteurs économiques eux-mêmes. Après avoir établi que le bail correspond à ce que la littérature économique appelle actif spécifique, il apparait que la formation et l'exécution de ce contrat constituent une occasion propice aux comportements opportunistes des parties prenantes. La thèse propose une synthèse de la notion d'opportunisme et suggère une lecture de la seconde partie des règles sur le bail comme autant de mécanismes de prévention et de sanctions de comportements opportunistes.

Les scientifiques, publics et privés, coopèrent en partageant des outils de recherche. L’émergence des activités de transfert de technologies et les avancées en biotechnologies ont amené les scientifiques à contractualiser le partage de ces outils de recherche. La pandémie de Covid-19 a montré l’importance de l’échange d’outils de recherche. Parmi ces outils de recherche, on trouve des matériels biologiques, qui peuvent être tout élément issu du vivant, tels que des cellules, des animaux, des plantes, de l’ADN, des échantillons humains, des OGM, des micro-organismes, etc. Le partage de matériels biologiques est formalisé par la signature d’un accord de transfert de matériel (« MTA », pour « material transfer agreement »). Un MTA peut être un contrat d’adhésion ou un contrat de gré à gré. Le MTA est un contrat né de la pratique. Aucun texte de loi n’encadre ce type de contrat. Le MTA ne répond pas aux critères des contrats nommés (tels que la vente, le bail ou le prêt) et constitue un contrat innommé en droit du vivant.Puisque ces contrats sont issus de la pratique et ne sont pas encadrés spécifiquement, leur contenu est donc libre, et en fonction des intérêts de chaque partie, le type de contrat et son contenu sera adapté pour trouver un équilibre contractuel. Pour faciliter la contractualisation, des contrats de référence ont été mis en place, posant les bases du cadre du transfert de matériel. On peut alors s’interroger sur la pertinence de ces contrats de référence pour répondre aux besoins des acteurs de la recherche et tenir compte des contraintes applicables à l’activité de recherche et à la nature du matériel. Est-il envisageable de mettre en place des MTA de référence pouvant répondre à toutes les situations ? Un bref tour d’horizon des types de MTA proposés tend à répondre à cette question par la négative. L’ensemble des contraintes exercées sur la construction de ce type de contrat montrera qu’il ne peut y avoir de MTA unique compte tenu de la variété et la complexité des situations couvertes par le MTA. Comment alors déterminer le meilleur MTA à utiliser en fonction d’un contexte précis en tenant compte des contraintes juridiques et scientifiques applicables ? Quelles clauses spécifiques prévoir pour donner un maximum d’efficacité contractuelle au MTA ?L’étude montre l’influence des contrats de référence dans la construction du MTA, et le rôle central de la nature du matériel (humain, animal, végétal, micro-organisme ou OGM) et de la finalité d’utilisation dans le choix de la typologie de MTA et des clauses insérées dans les contrats, avec comme critère décisionnel principal la prise en compte de la valeur accordée, par les parties, aux résultats générés grâce au matériel et à leur potentiel en termes de valorisation économique.

The works presented for the PhD by publication are all connected in the way they engage in a functionally comparative study of the English and French law responses to common problems pertaining to contractual performance and contractual interpretation. My comparative inquiry demonstrates that both France and England have stayed true to their historic responses in times of peace and crisis confirming different mentalités juridiques. As neither England nor France offers ideal solution, parties may be better off finding a resolution to their disputes beyond the legal realm and respond to calls for collaboration. This nevertheless shows persisting differences in Anglo-French approaches. This thesis however argues that these divergences may nevertheless lead to common results through the lens of a taxonomy of commercial contracts – professionally drafted contracts may lead to converging results given the common application and interpretation of frequently used clauses beyond a domestic legal culture; by contrast, rudimentary contracts produce diverging results as the interpretation of these agreements is marked by a distinctive domestic socio-legal culture. This taxonomy has the potential to improve the predictability of outcomes in commercial disputes in England and France.

Le contrat est un acte juridique, une loi spéciale fermée à toute intervention extérieure. Toutefois, le contrat n’est pas toujours un acte infaillible et il obéit à un ordre juridique qui le transcende. La jurisprudence s’inscrit dans cet ordre juridique qui gouverne le contrat. Étant donné que le contrat n’est pas toujours efficace et que les règles qui le régissent, une fois codifiées restent immuables, l’intervention du juge est nécessaire à cet effet afin de garantir l’efficacité de celui-ci. Cette garantie d’efficacité se mesure par rapport à l’effectivité des stipulations contractuelles ainsi qu’aux règles applicables au contrat. Ainsi, pour assurer l’efficacité du contrat, le juge va dans un temps reconstituer a posteriori le contenu contractuel lorsque celui-ci se révèle incomplet, bouleversé, ou lorsque le contrat contient des clauses abusives. Dans un second temps, il intervient dans le silence du législateur pour réadapter les règles applicables au contrat qui sont demeurées inadaptées, soit en les interprétant ou en les complétant, soit en créant de nouvelles règles dans les cas où la loi n'a rien prévu.

La construction internationale est en plein essor. De multiples partenaires sont susceptibles de s'engager dans un projet de construction internationale. Chacun de ces partenaires s'engageant à accomplir une tâche déterminée, variant selon le type de modèle contractuel choisi. Il existe, en effet, plusieurs types de modèles contractuels dans le secteur de la construction (le modèle traditionnel avec de la sous-traitance, le modèle design-construction, le « bridging », les contrats dits de « concession » …). Les parties choisissent librement le modèle contractuel qui leur convient le mieux et qui répond à leurs besoins. La figure contractuelle vient alors s'adapter aux besoins et aux compétences des parties. L'importance du contentieux dans les relations contractuelles du secteur de la construction internationale n'est pas négligeable. Le secteur de la construction internationale apparait même très propice à l'apparition de contentieux, dans un contexte ancré dans la mondialisation, du fait que les contrats internationaux de construction sont des contrats complexes et très souvent multipartites, s'exécutant sur le long terme. Les questions des responsabilités peuvent varier selon les différents modèles de contrats internationaux de construction. Les obligations des parties sont accrues dans le modèle de design-construction et la responsabilité des constructeurs sera très large (ces derniers assumant une très grande partie des risques tels que le risque de la conception, de la construction …) dans les contrats types « DBOOT ». Du fait de ces questions relatives à la responsabilité, le rôle de l'assurance n'est pas négligeable, mais, parfois, l'assurance ne protégera pas les responsabilités post-construction du constructeur et toutes les garanties ne sont pas toujours couvertes. Une réalité s'impose. Les litiges dans le secteur de la construction internationale ne cessent de croître, représentant plus de 20 % du contentieux devant la CCI. La pratique des dispute est alors apparue, pratique controversée du fait de l'absence d'exécution forcée des décisions du board.

Les marchés publics internationaux (MPI) occupent une place importante dans les flux de l'aide publique au développement. En tant que le canal d'exécution des projets de développement, ils sont un trait d'union entre les États et entités bénéficiaires des financements et les détenteurs desdits financements, qu'il s'agisse des institutions multilatérales spécialisées ou dans le cadre de relations bilatérales. Dans le même sens, ils sont au carrefour des relations entre les acteurs précités et ceux du secteur privé qui rentrent en compétition pour l'obtention de ces marchés.Notre étude vise à cerner dans sa formulation, son contenu et son orientation, le cadre juridique de cet instrument phare des stratégies de développement, tout en le questionnant par rapport aux enjeux dudit développement.Il ressort de notre analyse que la formulation et l'évolution du cadre juridique des marchés publics internationaux sont déterminées par de nombreux enjeux. Ceux-ci s'étendent au-delà du développement des pays béné-ficiaires pour embrasser les enjeux globaux du commerce international et ceux particuliers de la préservation des intérêts des parties prenantes au financement. Il s'ensuit que c'est un cadre juridique marqué par une forte empreinte des singularités du droit international économique. Il est également caractérisé par une tendance nette à l'harmonisation.Dans le cadre des marchés publics internationaux, il est notoire que l'harmonisation internationale emprunte le canal régional qui facilite l'implémentation des objectifs des acteurs internationaux tout en répondant à certaines problématiques propres aux niveaux nationaux. Dans cette perspective, les organisations d'intégration économique régionales préexistantes jouent un rôle fondamental.Le choix de l'étude du cadre juridique de l'harmonisation des marchés publics de l'UEMOA nous permet d'analyser cette tendance. L'analyse du cas singulier de la Côte d'Ivoire fait ressortir les enjeux et les challenges liés à la transposition de ce cadre juridique au niveau national. Il apparaît que même si les réformes régionales tenant compte des exigences internationales ont été largement appliquées, des défis demeurent.Enfin, dans l'optique d'un développement économico-social reflétant la vision et les enjeux propres aux pays concernés, la transposition symétrique des modèles internationaux au niveau national n'est pas toujours opportune. Ils doivent être adaptés au contexte particulier.