Bibliographie sélective OHADA

Un nouveau chapitre dédié aux opérations sur obligations a été introduit dans le Code civil à l'occasion de la réforme du droit des obligations de 2016. Chacune de ces opérations est prévue au sein d'une section propre, sans qu'aucun article introductif ne souligne leurs éventuelles différences ou points communs. Cette unité formelle serait-elle le signe d'une unité substantielle ? Certainement pas si l'on s'en tient à la summa divisio doctrinale opposant les opérations translatives (cession de créance et cession de dette) aux opérations constitutives (novation et délégation). Cependant, on peut remarquer que les effets normalement reconnus aux opérations appartenant à l'une de ces catégories peuvent être produits par les opérations appartenant à l'autre ; le critère de l'effet est donc défaillant. C'est pourquoi il est proposé de suivre une méthode tenant compte de l'objet de ces opérations. Si l'on postule que l'obligation est composée d'éléments dissociables (conception élémentaire), chacun d'eux (debitum et obligatio) pourra se voir appliquer un effet différent. Ainsi, toute opération sur obligations nommée par le Code civil emporte nécessairement la modification du rapport de contrainte (obligatio) et possiblement la transmission du rapport de contribution (debitum). C'est la preuve de l'unité de ces opérations.

El crédito documentario. también denominado en la literatura jurídica como documentary letter of credit, es un medio de pago, un instrumento de financiación y una garantía. Es una operación bancaria cuyo origen se encuentra en el receptum argentarii del Derecho Romano Clásico. Su desarrollo ha sido paralelo a la evolución de la economía, el comercio y la banca. Desde el siglo XIX, el crédito documentario es una institución de gran importancia en el comercio internacional. Se define como todo acuerdo a través del cual, el ordenante (importador) se obliga frente al beneficiario (exportador) a solicitar la emisión de un crédito documentario a su entidad bancaria o financiera (banco emisor), la cual llevará a cabo el pago, aceptación o negociación del mismo a favor del beneficiario, siempre que éste presente al banco emisor (u otra entidad bancaria o financiera designada) una determinada documentación y dicha entidad bancaria o financiera preste su conformidad. Entre sus rasgos principales podemos resaltar la pluralidad de partes que intervienen en su operativa -inicialmente tripartita-, su naturaleza jurídica compleja o los principios rectores que lo rigen como son los principios de independencia y de estricto cumplimiento. Consecuencia de estas características, el crédito documentario es una figura que ha suscitado múltiples debates doctrinales y jurisprudenciales. La ausencia de Ley que lo regula en gran parte de los Ordenamientos Jurídicos del mundo también ha conllevado su difícil tratamiento. Sin embargo, gracias a la Cámara de Comercio Internacional de París, el crédito documentario es una figura regulada por las Reglas y Usos uniformes relativos a los créditos documentarios (actualmente RUU nº 600 de 2007). Además de ello, los trabajos de UNCITRAL y UNIDROIT han aportado grandes avances en lo que al comercio internacional se refiere y, con ello, a nuestra institución. La naturaleza jurídica de las RUU ha sido también discutida por la doctrina y jurisprudencia. Nueva Lex Mercatoria, usos y costumbres o cláusulas contractuales son algunas de las tesis vertidas. En lo referente a la naturaleza jurídica del crédito documentario, se puede afirmar que estamos ante una pluralidad negocial, lo que implica que el crédito documentario esté conformado por una diversidad de contratos independientes entre sí, pero con un objetivo común. Es necesario determinar la naturaleza jurídica de cada una de las relaciones que lo componen. Diferentes han sido las tesis vertidas sobre cada una de estas relaciones. Sin embargo, las posturas mayoritarias han podido calificar la relación entre importador y exportador (contrato subyacente que, en puridad, no forma parte de la operativa del crédito documentario), la relación entre ordenante y banco emisor (contrato de comisión), la relación entre el beneficiario y banco emisor (promesa unilateral) o la relación entre entidades bancarias o financieras con el banco emisor (contrato de comisión). No es posible, consecuentemente, determinar la naturaleza jurídica del crédito documentario como contrato unitario. Los documentos que ha de presentar el beneficiario para hacer efectivo su derecho de cobro, aceptación negociación del crédito documentario pueden ser los que expresa y voluntariamente dispongan las partes. Sin embargo, las RUU nº 600 establecen los más utilizados en el comercio internacional. Estos son la factura comercial, la póliza de seguro y los documentos de transporte, siendo el conocimiento de embarque el más habitual. El examen de los documentos se rige por los principios rectores dispuestos. En la actualidad, tanto la presentación como el examen de los documentos puede realizarse digitalmente. Aunque no pueda hablarse de un verdadero crédito documentario electrónico, los avances tecnológicos han ayudado a modernizar esta institución. Con ello, no solo se minimizan los altos costes, sino que lo dotan de una agilidad en su operativa muy necesaria en el comercio internacional.

El arbitraje comercial internacional enfrenta el desafío de integrar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data y el blockchain, sin comprometer sus principios fundamentales de confidencialidad y transparencia. Este artículo analiza, a partir de una revisión documental y comparativa, cómo el uso de estas tecnologías im-pacta la gestión de casos, el análisis predictivo y la ejecución de laudos, al tiempo que mejora la eficiencia y accesibilidad del arbitraje, pero también genera riesgos en materia de privacidad, ciberseguridad y protección de datos sensibles. Asimismo, se analizan los enfoques regulatorios adoptados en distintas jurisdicciones, incluyendo el Reglamento de la Unión Europea, el modelo flexible de Estados Unidos y las iniciativas tecnológi-cas de países asiáticos como China y Hong Kong. La investigación concluye que, para equilibrar la innovación y la protección de la información, es indispensable implementar protocolos globales y estándares éticos que garanticen un arbitraje confiable y seguro en entornos digitales. International commercial arbitration faces the challenge of integrating technologies such as artificial intelligence, Big Data, and blockchain, without undermining confidentiality and transparency. This article examines how these tools impact case management, predictive analysis, and the enforcement of awards, improving efficiency while also raising concerns about privacy and cybersecurity. Regulatory approaches are explored, from the European Union’s framework to the more flexible model of the United States and technological initiatives in Asia. The research concludes that it is essential to establish global and ethical standards to ensure a secure and reliable arbitration process in the digital era.

The provisions of USMCA and their interpretation and application in the developing case law of international arbitral tribunals constituted under its investment chapter show a progressive move towards a higher transparency standard in the resolution of inves-tor-State disputes. The incorporation of most of the UNCITRAL Rules on Transparen-cy in USMCA Annex 14-D expanded the scope of NAFTA’s transparency rules. The entry into force of USMCA and the recent end of NAFTA’s “legacy claims” is to bring normative uniformity across the case law of arbitral tribunals on issues of procedural transparency. In addition, better access to arbitral orders and awards under USMCA will promote the quality of the decisions, as tribunals and parties will be able to lean on the experience of their predecessors. Las disposiciones del T-MEC y su aplicación en la jurisprudencia arbitral internacional muestran un avance hacia mayores estándares de transparencia en disputas inversionista-Estado. Al incorporar la mayoría de las Reglas de Transparencia de la CNUDMI en su Anexo 14-D, el T-MEC amplió el marco del TLCAN. La entrada en vigor del T-MEC y el fin de las “reclamaciones heredadas” del TLCAN promueven una mayor uniformidad normativa en torno a la transparencia procesal. Esta coherencia fortalecerá la aceptación del capítulo de inversión del T-MEC y aumentará la legitimidad del arbitraje de inversiones a nivel global.

Este artículo responde a la propuesta académica del Departamento de Derecho de la Uni-versidad Iberoamericana en conmemoración del 10.° aniversario de las normas de trans-parencia de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) y complementa la actividad académica realizada por la Universidad Iberoamericana, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (CANACO), con el apoyo de la Secre-taría de la CNUDMI, en el marco del UNCITRAL LAC DAYS- México 2024. Durante esta actividad se organizaron tres mesas de debate integradas por desta-cados miembros de la comunidad arbitral, de la sociedad civil y del sector privado. La temática de estudio brindó desde México una visión sobre la confidencialidad vs. la transparencia, así como los avances y los retos de la transparencia en el arbitraje inter-nacional.

From an approach to the concepts of transparency, confidentiality, and privacy, this article examines the tension that may arise between these principles in international commercial arbitration. It also analyzes how arbitration rules address confidentiality and transparency, questioning whether a balance between the two has been achieved. Additionally, it reflects on the impact of public interest in promoting transparency in arbitral proceedings, considering whether the measures adopted are compatible with this type of arbitration. Desde un acercamiento a las nociones de transparencia, confidencialidad y privacidad, en este artículo se valora la tensión que puede existir entre dichos conceptos en el arbi-traje comercial internacional. Asimismo, se alude a algunos reglamentos de arbitraje que abordan la confidencialidad y la transparencia, parar mostrar si se alcanza un equilibrio entre los principios analizados. Además, se llama a reflexionar sobre el impacto del inte-rés público en la búsqueda de la transparencia en los procesos arbitrales, con la finalidad de abrir el debate sobre la compatibilidad de las medidas que se han adoptado en este rubro en el arbitraje comercial.

Cette thèse propose une lecture renouvelée du produit sportif durable, en croisant les exigences de circularité et de performance. En partant du droit des déchets, elle analyse les mécanismes de requalification permettant d’intégrer les produits usagés dans une économie circulaire, conciliant soutenabilité, innovation et responsabilités juridiques. L’étude s’organise autour du cycle de vie du produit, depuis l’écoconception jusqu’à sa fin d’usage. Elle met en lumière les leviers juridiques activables pour accompagner cette transformation : la responsabilité élargie du producteur, la traçabilité, le réemploi, la réparation, la valorisation matière, et l’intégration de matériaux recyclés. Elle interroge également l’adéquation du cadre normatif aux nouveaux modes d’usage, comme la location, la mutualisation ou la seconde main, caractéristiques de modèles plus sobres et partagés. En s’appuyant sur une méthodologie juridique rigoureuse et une expérience de terrain, la recherche propose les fondements d’un droit de l’économie circulaire appliqué au sport, à même d’encadrer la transition vers des systèmes durables. À travers l’analyse du produit sportif comme vecteur juridique, elle invite à repenser les catégories classiques du droit face aux défis environnementaux contemporains.

Identity management is a cornerstone of digital trade and a core component of trust services, starting with electronic signatures. However, there is limited awareness of its legal and technical implications. The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has prepared a Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Services to provide uniform guidance on how to establish an enabling legal environment for identity management and trust services. The Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) has developed the Legal Entity Identifier (LEI) and its digital counterpart the verifiable LEI (vLEI) as universal solutions for a secure and cost-effective persistent business identifier. This paper illustrates how the MLIT and the vLEI may interact to provide legal and operational certainty to identification needs, thus fostering global economic growth.

Bien que le pouvoir de l’employeur soit une référence majeure du droit du travail, il en va autrement du pouvoir de licencier. Lorsque celui-ci est étudié, c’est principalement sous l’angle d’un pouvoir de représentation, les auteurs s’attachant alors à déterminer l’identité de celui qui, dans l’entreprise, est habilité à exercer un tel pouvoir. Il apparaît pourtant qu’une lecture plus ambitieuse du pouvoir de licencier est nécessaire. Les transformations du droit du licenciement observées depuis une quinzaine d’années imposent une telle réflexion. Ainsi a-t-il été choisi de ne pas réduire le pouvoir de licencier à une simple question de représentation, mais de l’envisager comme « un pouvoir en action », c’est-à-dire de s’intéresser à la manière dont les règles du droit du travail le saisissent, le façonnent, l’encadrent ou le limitent. À l’heure où le législateur semble plus enclin à sécuriser les conditions de la rupture contractuelle ou à promouvoir les ruptures négociées du contrat de travail, qu’à regarder l’acte de rupture de ce contrat pour ce qu’il est, c’est-à-dire un acte de pouvoir, l’on ne peut manquer de s’interroger sur une question aussi redoutable que nécessaire : que reste-t-il du pouvoir de licencier ?

Le cadre politico-juridique canadien qui régit la consultation des peuples autochtones engendre une situation de « régulation négociée » entre les entreprises minières et ces peuples. Autrement dit, les pratiques de consultation sont élaborées à travers un processus de négociation entre les entreprises et les communautés autochtones. En raison, notamment, de l'encadrement juridique des activités minières, encore fondé sur le principe du free entry, les entreprises minières occupent une place prépondérante dans la manière dont les perspectives et les intérêts des peuples autochtones sont intégrés dans le développement minier. Le principal enjeu de cette régulation négociée réside dans l’asymétrie des rapports de force entre les différents acteurs, souvent défavorable aux peuples autochtones. Dans ce contexte, cette thèse s'inscrit dans le constat qu'il existe peu de recherches sur les pratiques internes des entreprises minières en matière de consultation des peuples autochtones. Adoptant une approche sociojuridique, nous avons mené une recherche empirique fondée sur deux études de cas : la première auprès d’une entreprise opérant à l’échelle provinciale/territoriale, et la seconde au sein de la filiale d’une multinationale. Les résultats issus de ces études de cas nous ont permis d’identifier des points de convergence et de divergence entre les deux entreprises, confirmant ainsi la diversité des acteurs au sein de l’industrie et des influences qui les façonnent. Ces résultats nourrissent également la réflexion sur la régulation des pratiques de consultation, notamment en ce qui concerne l’enjeu de l’asymétrie des rapports de force. The Canadian politico-legal framework governing the consultation of Indigenous peoples creates a situation of "negotiated regulation" between mining companies and these peoples. In other words, consultation practices are developed through a negotiation process between companies and Indigenous communities. This situation is largely influenced by the legal framework surrounding mining activities, which still relies on the principle of free entry, giving mining companies a dominant role in determining how the perspectives and interests of Indigenous peoples are integrated into mining development. The primary issue of this negotiated regulation lies in the asymmetry of power dynamics between the various actors, often to the detriment of Indigenous peoples. In this context, this thesis arises from the observation that there is limited research on how mining companies internally develop their consultation practices with Indigenous peoples. Adopting a socio-legal approach, we conducted empirical research based on two case studies: the first with a company operating at the provincial/territorial level, and the second within the subsidiary of a multinational corporation. The findings from these case studies allowed us to identify points of convergence and divergence between the two companies, thus confirming the diversity of actors within the industry and the various influences shaping them. These results also contribute to the

Trademarks are economic tools that aid businesses to communicate with their customers and capture a vast section of the population. Trademarks are only useful when used efficiently in the course of trade, meaning the higher the reputation of the mark, the more consumers want to associate themselves to the products or services the mark is affixed upon. This study examines the criteria to own a trademark and how ownership claims are handled between the African Organisation of Intellectual property as known by its French acronym OAPI and the competent domestic courts found at the level of Member States which has become a breathing ground for confusion in the resolution of disputes. Due to both bodies having concurrent jurisdiction in dispute resolution, the cost has become unbearable on trademark owners or beneficiaries of an exclusive license of exploitation, coupled with inconsistency in judgements from the two structures. The article highlights some key improvements expanding trademark subject matter and provides information on how the two institutions cited above handle matters of jurisdiction based on case law. The article also brings to the limelight how the OAPI administrative litigation bodies can collaborate with the competent domestic courts to arrive at clear and concise decisions. In conclusion the paper provides some recommendations on bridging the gap between both jurisdictions in order to attain the objectives of all parties involved.

Ce mémoire explore le potentiel du droit des marques comme levier stratégique de développement socio-économique dans les États membres de l’OAPI. En s’appuyant sur une analyse rigoureuse du système juridique harmonisé issu de l’Accord de Bangui, il met en lumière les forces et les limites du cadre actuel, à l’aune des défis structurels, institutionnels et économiques qui caractérisent la région. À travers une approche multidisciplinaire, combinant analyse doctrinale, données empiriques et entretiens de terrain, ce travail examine les mécanismes concrets de valorisation des marques locales, les disparités entre titulaires nationaux et étrangers, ainsi que les stratégies d’accompagnement en matière de sensibilisation, de formation et d’accès au système. Il propose également des pistes de réforme et des recommandations pour renforcer l’écosystème de la propriété intellectuelle au service de l’innovation, de la compétitivité des PME et de la protection des savoirs locaux. En filigrane, ce mémoire interroge la capacité des droits de propriété intellectuelle à contribuer de manière durable à l’émergence économique du continent africain.

Zimbabwean financial sector has experienced significant periods of financial distress as depicted by numerous bank failures since 1980. Bank failure occurs when a financial institution experiences significant financial distress, rendering it incapable of fulfilling its obligations to depositors, shareholders and other stakeholders. In other words, bank failure is when a financial institution undergoes substantial financial distress rendering it unable to meet its obligations as they become due. In this thesis, the researcher adopted the definition of bank failure which refers to a situation where a bank is in financial distress and is recapitalised either by the central bank or a strategic investor, acquired by another institution, surrenders its license or the license is suspended, or it closes its operations altogether. This thesis reveals that in Zimbabwe bank failures can be attributed to various factors including the failure of regulatory and supervisory systems to detect irregularities in the operations of banking institutions. In addition, poor corporate governance practices such as inadequate oversight, inexperienced management, undue influence by dominant shareholders, nonperforming loans, excessive risk-taking, abusive related party transactions and noncompliance with laws are commonly cited as causes of bank failures in Zimbabwe. Bank failures often pose negative implications to the banking sector and banking stakeholders such as depositors and investors. This owes to the fact that banks serve as intermediaries that facilitate the avenues for deposits and extend credit services to individuals and the production sector of the economy. It is submitted that the proper functioning of banks requires effective and adequate regulatory supervision. Failure to provide robust and effective regulation of banks could lead to bank failures. This thesis presents a comparative analysis of the banking statutory framework of Zimbabwe and those of the UK and South Africa to determine if the banking laws in Zimbabwe are robust enough to prevent bank failures. The thesis reveals that the banking statutory framework in Zimbabwe is not robust enough to curb bank failures in times of stress because it lacks effective regulatory oversight. This thesis further reveals that poor banking regulation, inconsistent enforcement, weak regulatory insolvency procedures, and inadequate supervision framework are some of the weaknesses in the current banking statutory framework which needs to be rectified in order to combat bank failures effectively in Zimbabwe. The Banking Act does not fully incorporate the international best standards on bank supervision to prevent bank failures. Consequently, the banking statutory framework in Zimbabwe does not comprehensively and effectively provide for the prevention of bank failures like those of the UK and South Africa. The robustness of the banking statutory framework is in providing adequate and effective regulatory provisions and enforcement mechanisms that curb bank failures in Zimbabwe. The researcher proposes the adoption of a new model, the Zimbabwean twin peaks model, comprising the Zimbabwean Prudential Regulatory Authority and the Zimbabwean Financial Sector Conduct Authority. It is argued that if the adoption of the twin peaks model is considered and robustly implemented, it can prevent the causes of bank failures in Zimbabwe.

L’arbitrage est une réalité en Afrique depuis longtemps déjà. C’est avec l’avènement de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires que ce domaine a pu avoir un dispositif bien structuré. Etant un mode alternatif de règlement des différends, l’arbitrage a pour fondement prépondérant la volonté des parties qui y font recours. Il s’est donc posé en filigrane la question de la portée de la volonté des parties à l’arbitrage OHADA. Le constat est que tout comme en matière contractuelle, elle est un élément indispensable à l’efficacité de ce mode de résolution des litiges. C’est la raison pour laquelle sa portée est traduite par une prégnance avérée, et un recul tout de même constaté.

El estudio de la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario tuvo como objetivo analizar la incidencia de la seguridad jurídica en el cumplimiento de las resoluciones judiciales en los procedimientos voluntario, sumario y ordinario como garantía de los procesos judiciales. Para lo cual, se utilizó una investigación de tipo desriptiva y de campo, con un enfoque mixto y el método hermenéutico; para la recopilación de información primaria se aplicó una encuesta y entrevista a los juristas en libre ejercicio de su profesión. Se obtuvo que que todas las personas tienen derecho al debido proceso, el cual está ligado estrechamente al derecho a la seguridad jurídica ya que, este segundo implica el conocimiento y certeza del derecho positivo, la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y en el orden jurídico y la existencia de mecanismos jurídicos frente a las afectaciones que pudieren existir. Se concluyó que la seguridad jurídica como garantía del debido proceso en el cumplimiento de las resoluciones judiciales es esencial para mantener la confianza en el sistema legal y para proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en cualquier procedimiento legal, ya sea voluntario, sumario u ordinario.

Dans la recherche d’un équilibre entre la liberté de navigation et la souveraineté territoriale, le droit de la mer a réparti les compétences entre les États - État côtier, État du port, État du pavillon et État tiers - suivant le zonage des espaces maritimes. Cette délimitation constitue le socle juridique sur lequel reposent les actions de l’État en mer contre la criminalité. L’étude interroge donc la capacité des règles établies à offrir aux États des réponses suffisantes et adaptées pour faire face à ce fléau. Elle montre que leurs compétences normatives et d’exécution sont globalement limitées. Le cadre juridique existant n’a au demeurant d’efficacité qu’en étant renforcé par une action globale. Et pour la consolider, la thèse explore la juridictionnalisation de la lutte contre la criminalité en mer. Cette approche est prometteuse, car la pratique du TIDM se développe et sa capacité à traiter la diversité des situations en mer se confirme progressivement. In seeking a balance between freedom of navigation and territorial sovereignty, maritime law has divided jurisdiction among States – coastal States, port States, flag States and third States – according to the zoning of maritime areas. This delimitation forms the legal basis for State action at sea against crime. The study therefore questions the ability of the established rules to provide states with sufficient and appropriate responses to this scourge. It shows that their normative and enforcement powers are generally limited. The existing legal framework can only be effective if it is reinforced by comprehensive action. To consolidate it, the thesis explores the judicialization of the fight against crime at sea. This approach is promising, as the practice of the ITLOS is developing and its ability to deal with the diversity of situations at sea is gradually being confirmed.

L'Europe a été à l'avant-garde de l'éthique de l'intelligence artificielle (IA), en élaborant des chartes et des principes non contraignants sur l'IA « digne de confiance ». Le terme « digne de confiance » est utilisé par l'Europe pour désigner les systèmes d'IA qui sont « éthiques », « légaux » et « techniquement robustes ». L'Europe a complété ces principes non contraignants par un texte de loi sur l'IA, connu sous le nom de règlement sur l'IA, ou AI Act. Le règlement sur l'IA est l'un des premiers cadres légaux au monde à réglementer les systèmes d'IA dans différents secteurs et cas d'utilisation, en mettant l'accent sur la sécurité et la protection des droits fondamentaux. Pour les questions opérationnelles, le règlement sur l'IA s'appuie principalement sur des normes techniques en cours d'élaboration. L'approche européenne combine donc trois niveaux d'instruments réglementaires : les chartes éthiques de l'IA, le règlement sur l'IA et les normes techniques.L'approche par la normalisation est traditionnelle dans le domaine de la sécurité des produits, mais dans le règlement sur l'IA, les normes sont également censées répondre aux préoccupations en matière de droits fondamentaux. Pour éviter de faire des choix normatifs difficiles, les organismes de normalisation jouent la carte de la sécurité en élaborant des normes qui restent à un niveau élevé. De plus, dans le cadre du règlement sur l'IA, la responsabilité de l'élaboration des normes techniques est déléguée à des organismes de normalisation privés, où les grandes entreprises multinationales sont surreprésentées et exercent une influence considérable. Ces normes sont également généralement payantes, bien que la situation puisse évoluer dans les années à venir après une récente jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Les experts en normalisation sont donc sous pression pour fournir des normes à temps et de bonne qualité. Europe has been at the forefront of Artificial Intelligence (AI) ethics, developing non-binding charters and principles on "trustworthy'' AI. The term "trustworthiness'' is used by Europe to designate AI systems that are "ethical'', "legal'' and "technically robust''. Europe has supplemented these non-binding principles with a binding regulation on AI, known as the AI Act. The AI Act is one of the world's first comprehensive frameworks for regulating AI systems across different industries and use cases, focusing on safety and protection of fundamental rights. The AI Act relies, for operational questions, mostly on technical standards that are in the course of development. The European approach thus combines three layers of regulatory instruments: AI ethics charters, the AI Act and technical standards.The standardisation approach is traditional in product safety, but under the AI Act, standards are also expected to address fundamental rights concerns. To avoid making hard normative choices, standardisation organisations are playing it safe, developing standards which remain at a high-level. Moreover, under the AI Act, the responsibility for developing technical standards is delegated to private standardisation bodies, where large multinational companies are over-represented and hold significant influence. These standards are also often locked behind paywalls, although the situation may evolve in the coming years after a recent case law from the Court of Justice of the European Union. Standardisation experts therefore face pressures to deliver standards on time and of good quality.

Bien que le connaissement électronique semble offrir des avantages, l’industrie hésite toujours à l’utiliser. L’absence de cadre légal expliquerait cette prudence des praticiens. Aussi, cette contribution vise à analyser précisément la fonction de titre négociable du connaissement pour déterminer ce que cela implique pour le législateur désireux de réglementer l’utilisation des connaissements électroniques. Le r ôle que peut jouer la technique de la « blockchain » est également analysé.

L’oeuvre libre, aussi connue sous le nom d’open source, est une création protégée par le droit d’auteur, mais dont l’exploitation est ouverte à tous. Si l’expression reste à ce jour peu connue du grand public, les oeuvres libres sont désormais un incontournable des pratiques quotidiennes, en attestent le succès de l’encyclopédie en ligne Wikipédia et l’attrait croissant pour les logiciels libres tels Linux, OpenOffice ou la plateforme Moodle. Malgré son essor, le phénomène du libre demeure juridiquement peu, voire mal, appréhendé. De surcroît, sa licéité fait régulièrement l’objet de contestations doctrinales, l’oeuvre libre s’inscrivant à rebours des règles traditionnelles du droit français, selon lesquelles les biens sont intangibles, non numériques et réservés à l’usage exclusif de leur titulaire. La finalité de l’étude consiste dès lors à démontrer qu’en dépit de son caractère disruptif, l’oeuvre libre peut en l’état intégrer l’ordre juridique français au moyen d’une analyse contractuelle. The concept of the “free cultural work,” also referred to as open source, designates a creation protected by copyright yet made available for use by all. While the expression remains relatively unfamiliar to the general public, free cultural works have become indispensable in contemporary practice, as illustrated by the success of the online encyclopedia Wikipedia and the growing appeal of free software such as Linux, OpenOffice, and the Moodle platform. Notwithstanding this expansion, the legal phenomenon of free cultural works continues to be only partially, if not inadequately, addressed. Furthermore, its legitimacy is the subject of recurrent doctrinal debate, insofar as the free cultural work stands in contrast to the traditional principles of French law, according to which property is tangible, non-digital, and reserved for the exclusive use of its owner. The purpose of this study is therefore to demonstrate that, despite its disruptive character, the free cultural work may, in its current form, be accommodated within the French legal order through contractual analysis.